El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera y por el que se establece el régimen jurídico de las mismas en Andalucía, órgano que nace con el objetivo de asesorar, coordinar y apoyar las nueve Reservas de la Biosfera existentes en Andalucía e impulsar su trabajo en red, de acuerdo con las directrices y normas de la Unesco.
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera, creada en 1976, acoge a 748 reservas de 134 países, siendo 23 transfronterizas. De estas 748, un total de 53 se encuentran en España en la Red Española de Reservas de la Biosfera, a la que Andalucía contribuye con nueve, ocho íntegramente en territorio andaluz (Sierra de Grazalema, Doñana, Marismas del Odiel, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Cabo de Gata-Níjar y Dehesas de Sierra Morena) y una intercontinental, la Reserva de Biosfera del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Ante tal presencia y tras el desarrollo del Programa Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco, el Gobierno andaluz ha entendido necesaria la actualización del Comité de las Reservas de la Biosfera, creado en 1999 y cuya labor ha sido muy importante durante estos años, con la puesta en marcha del Consejo Andaluz, organismo que permitirá actualizar la representación de los diferentes sectores implicados en las reservas, adecuarlas a la administración electrónica y asegurar su correcto funcionamiento.
Además, el decreto aprobado introduce novedades con respecto a la anterior regulación del Comité, fundamentalmente en composición y funcionamiento. Así, el Consejo incorpora como vocales a representantes de otros departamentos de la administración de la Junta de Andalucía, cuyas competencias son imprescindibles para afianzar el enfoque integrado de las reservas, como agricultura, turismo, cultura y educación.
En la búsqueda de conseguir fórmulas operativas de gobernanza, serán miembros del Consejo diferentes vocalías donde estarán representadas todas las reservas, las consejerías en materia de innovación, cultura, educación, turismo, agricultura, ordenación del territorio y urbanismo; los órganos de participación de los espacios naturales; el CSIC, las universidades; el Programa MaB de la Unesco en España, las entidades locales donde se encuentren las reservas, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, representantes del sector agrario, de las organizaciones de consumidores y usuarios y personalidades de experiencia profesional reconocida en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible.
Además, el Consejo contará con una presidencia (a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente), una vicepresidencia (que será la persona responsable de la Dirección General competente en gestión de espacios naturales) y una secretaría (que será una persona funcionaria con al menos nivel de Jefatura de Servicio).
Este Consejo, cuya representación respetará la representación equilibrada entre mujeres y hombres, estará adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en cuyos servicios centrales tendrá su sede, y se reunirá con carácter ordinario al menos una vez año, sin perjuicio de que pueda hacerlo en otras ocasiones de forma extraordinaria. El plazo para su primera constitución será de seis meses desde la entrada en vigor del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno.
El texto legislativo señala que serán funciones del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera, entre otras, coordinar la ejecución de las directrices, estrategias, líneas generales de actuación, programas o cualquier otro instrumento del Programa MaB de la Unesco por parte de cada reserva; asesorar e informar de propuestas en materias que afecten a las reservas; prestar asesoramiento al representante de Andalucía en el Comité Español del Programa MaB de la Unesco; o proponer la formulación de propuestas de declaración de nuevas Reservas de la Biosfera en Andalucía y de modificaciones de las ya declaradas.
De igual modo, el Consejo promoverá e impulsará el conocimiento del MaB; elaborará una memoria anual de actividades de las reservas andaluzas; promoverá el funcionamiento en red y el intercambio de información con el Comité Español del MaB; formulará propuestas sobre acciones de investigación, sensibilización, divulgación y desarrollo sostenible relativas a las reservas; coordinará las sugerencias y propuestas de los órganos de gestión de cada reserva, y elaborará y aprobará un reglamento interno de organización y funcionamiento.
Por último, el decreto también marca el régimen jurídico de las reservas andaluzas, señalando que respetarán el Programa MaB de la Unesco y se someterán a los instrumentos de participación de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natural 2000. Así, indica los instrumentos de estrategia, planes de gestión y de planificación, y organismos de gestión y de participación de cada una de las Reservas de la Biosfera de Andalucía.
Comentarios