La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla fija para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, en el que hay 16 personas procesadas. El cronograma del juicio comprende un total de 40 sesiones, la última de ellas el 15 de julio de 2025.
La catástrofe se produjo la madrugada del 25 de abril de 1998. Se puede calificar como la mayor catástrofe ambiental de España y posiblemente de Europa. La balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar, se rompió y se liberaron al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de litros de aguas ácidas (con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos, incluyendo residuos depositados ilegalmente en la balsa durante años procedentes del polo químico de Huelva), envenenando la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegando al Espacio Natural de Doñana.
En un informe ejecutivo la organización ecologista internacional Greenpeace recuerda que la retirada de lodos y la restauración ambiental de la zona costó 100 millones de euros que han sido sufragados exclusivamente por el erario público.
En total, el coste del desastre se estima en 250 millones de euros. ”Boliden no solo se ha ido sin pagar ninguna factura del vertido, sino que, con posterioridad, ha cobrado 36 millones de euros de subvenciones. Las consecuencias fueron gravísimas: 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de nueve municipios envenenadas, caladeros cerrados por contaminación de cadmio, cinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas”
Fue una catástrofe anunciada, con múltiples denuncias previas de los grupos ecologistas locales (que luego se unieron en Ecologistas en Acción) así como por técnicos de la propia empresa minera, Boliden Apirsa, alertando del peligro de rotura en los medios de comunicación y ante las administraciones competentes, que ignoraron estas denuncias.
“La causa fue, pues, la depredación ambiental de la empresa Boliden y la negligencia y dejación de las administraciones andaluza y estatal en relación a las medidas de control y prevención ambiental que deberían haberse tomado. Ahora volvemos a estar en una situación similar, tanto con la reapertura de la explotación minera de Los Frailes en Aznalcóllar como con la precaria y peligrosa situación de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto, que se están denunciando sin que provoque una actuación”.
Las actuaciones de este caso están recogidas en 31 tomos que suman un total de "14.221 páginas", tres cajas de archivador, "tres baúles de madera grandes" y un disco duro de dos terabytes de capacidad.
Ecologistas en Acción ha criticado que la Junta de Andalucía continúe adelante con los procedimientos administrativos derivados de las solicitudes de la agrupación empresarial México-Minorbis para las autorizaciones necesarias para la reactivación del recinto minero sin que provoque una actuación de los responsables
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