"El de Palomares es el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el accidente de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil", recoge el incidente de nulidad registrado por el abogado José Ignacio Domínguez en nombre de Ecologistas en Acción, que pide al Tribunal Supremo que dicte una nueva sentencia que deje claros los plazos y quién se encargará de la limpieza de los suelos contaminados en la localidad almeriense, pedanía de Cuevas del Almanzora.
Este incidente de nulidad, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, se registra tras concluir el Supremo que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene entre sus funciones la elaboración de informes, habilitación e inspección y control; propuesta normativa y elaboración de instrucciones, guías y circulares de carácter técnico; de información, asesoramiento e investigación; y coordinación con otros organismos, entidades o administraciones. Pero no para la limpieza de Palomares.
"Hace ya ocho meses que el citado Real Decreto-Ley está en vigor y nada ha variado en la gestión del accidente de Palomares. Según es público y notorio, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) y el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) continúan actuando como lo venían haciendo hasta ahora. No hay noticias de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hayan efectuado actuación alguna en Palomares, lo que acredita una vez más que la urgencia de la disposición final primera se debe a este procedimiento", señala el citado documento emitido por Ecologistas.
La entidad conservacionista impugna la resolución tomada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de noviembre, un paso previo a recurrir ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque negar la competencia de la limpieza de Palomares al Consejo de Seguridad Nacional "equivale a impedir" su "derecho a la tutela judicial".
"Si el Consejo de Ministros, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ciemat no son competentes para señalar plazo para la limpieza de Palomares, únicamente nos queda como sujeto pasivo para presentar nuestra demanda, el Consejo de Seguridad Nacional. Negar la competencia al CSN equivale a impedir el derecho a la tutela judicial a mi representada al no disponer de ningún otro sujeto pasivo posible", apunta el incidente de nulidad presentado por el abogado de Ecologistas.
"En 1966 las autoridades españolas y de EEUU firmaron el proyecto Indalo para poder experimentar las consecuencias de la radiactividad sobre la salud sin adoptar ninguna medida paliativa, ni consultar a la población. Esos hechos los califica el voto particular de la sentencia de primera instancia como laboratorio a cielo abierto. Esta actividad es contraria al artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco", recuerda el escrito de los ecologistas.
"El Consejo de Seguridad Nacional tiene competencias para emitir una IS (instrucciones del CSN) o una ITC (Instrucción Técnica Complementaria) fijando una fecha para limpiar Palomares o simplemente remitir un atento oficio al órgano de la administración que considere oportuno señalando una fecha para la limpieza, pero la sentencia no cita la potestad normativa del CSN y se limita a considerarlo erróneamente como un órgano consultivo sin capacidad decisoria", remarca el escrito de Ecologistas.
"El accidente de Palomares fue mal gestionado desde un principio, ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica y al medio ambiente en general de laboratorio para experimentar los efectos de la radiactividad", se queja la entidad conservacionista en su incidente de nulidad. "La sentencia no analiza la utilización del accidente de Palomares para experimentar los efectos de la radiactividad en los seres vivos. No interpreta el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco", asegura la defensa de Ecologistas, que enumera otras infracciones cometidas en la pedanía almeriense, como que "el Gobierno Central haya desoído los requerimientos de la Comisión Europea".
"La sentencia tampoco hace referencia a que la Comisión Europea viene haciendo un seguimiento de la situación de Palomares en base al artículo 35 del Tratado Euratom. Ni que la Comisión Europea ha elaborado el informe ES 19-01 en el que requieren al CSN (Consejo de Seguridad Nacional) para que antes del 1 de enero de 2022 informe sobre los progresos realizados en la limpieza de Palomares. El CSN no sólo no ha respondido a la Comisión Europea sino que no ha llevado a cabo ninguna iniciativa para iniciar la limpieza", se quejan los ecologistas.
"La fijación de plazos para restaurar Palomares fue una iniciativa de esta parte para resaltar que el problema se viene produciendo desde hace 56 años y es necesario señalar un plazo para terminar con una situación tan prolongada, sin esperar a un acuerdo con los EEUU que puede tardar muchos años en alcanzarse", critican en el incidente de nulidad.
El Supremo, según denuncia la entidad conservacionista, "tampoco hace referencia al pedimento fundamental de esta parte de que se almacenen los 6.000 metros cúbicos previstos en el Plan de Rehabilitación y obtenidos de limpiar 50.000 metros cúbicos, en un almacén temporal individualizado a la espera de que los EEUU u cualquier otro país los acepte, como tampoco a que es urgente afrontar la limpieza porque el plutonio se está transformando en americio".
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