En abril de 1998, la rotura de un muro de contención en la presa minera de Aznalcóllar provocó un vertido de 5,5 millones de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos que fueron a parar al cauce del río Guadiamar, en una de las mayores catástrofes ambientales de la historia de España, según Ecologistas en Acción.
Ahora, la Junta de Andalucía parece dispuesta a repetir un fenómeno así. El Gobierno andaluz pretende aprobar un vertido de más de 80.000 millones de litros de aguas tóxicas procedentes de la reapertura de esta mina. Esto se llevaría a cabo mediante la construcción de una tubería de unos 30 kilómetros de extensión, que comenzaría en el recinto de la mina, donde se almacenan las aguas tóxicas, y terminaría en ese punto. El conducto atravesaría los municipios de Sanlúcar la Mayor, Olivares, Valencina, Salteras y Santiponce, y sería en el término de este último municipio donde iría a parar el vertido tóxico, a la altura del estadio de La Cartuja, llegando directamente al Guadalquivir.
Organizaciones ecologistas ya han anunciado que iniciarán acciones contra este vertido. El próximo lunes, desde Greenpeace registrarán un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla basado en un manifiesto firmado por la misma entidad, por Ecologistas en Acción y por otras organizaciones.
Greenpeace también ha convocado una concentración para el próximo jueves junto al Monumento a la Tolerancia, en el Muelle de la Sal de Sevilla. Además, el próximo miércoles se llevará a cabo una mesa redonda en la Universidad de Sevilla al respecto.
La organización sostiene que este vertido afectará a la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, "contaminando con metales pesados a todo el estuario del Guadalquivir" y afectando a Doñana y a los cultivos del bajo Guadalquivir. Por su parte, Ecologistas en Acción ya registró alegaciones contra la apertura de la mina.
Greenpeace solicita a la Junta que se produzca "un nuevo trámite de información pública" para que la ciudadanía pueda conocer el contenido del dictamen ambiental (favorable) de la Junta de Andalucía, y exige asimismo al Gobierno andaluz que obliguen a la empresa a buscar una alternativa de reutilización completa del vertido durante el propio proceso industrial.
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