Cádiz se asoma al ‘abismo’ de los 100.000 habitantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el desplome del censo es imparable año tras año y deja en entredicho la promesa del actual alcalde, José María González, de que el segundo puente iba a servir para que regresaran por él los gaditanos que se habían ido.
La realidad es bien distinta, la Cádiz vaciada se impone, creando una seria amenaza a la que tendrá que hacer frente el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad. Si baja esa frontera de los 100.000 la gobernabilidad de Cádiz será muy complicada porque perderá el tratamiento especial que ha venido recibiendo por parte del Estado hasta ahora y, por ende, ingresos extra.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, en su disposición Adicional vigesimoctava instaba al Gobierno de la nación a establecer los mecanismos necesarios que paliasen la especial situación del Ayuntamiento de Cádiz, fundamentada en un extenso estudio que ponía de manifiesto la necesidad de una consideración especial para la ciudad, en virtud de sus características socioeconómicas y su “singular insularidad”.
Un estatuto fiscal especial que le ha supuesto una media de 20 millones de euros anuales extraordinarios en la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), que se han venido destinando, al menos oficialmente, a gastos corrientes, es decir al funcionamiento diario del Ayuntamiento de Cádiz, algo imprescindible para el equilibrio de los presupuestos.
El presupuesto actual del Ayuntamiento asciende a 175.601.389 euros. Según consta en los ficheros del Ministerio, Cádiz ha recibido este año a cuenta de la PIE casi 72 millones de euros, en torno al 40% del presupuesto.
De los 127.000 habitantes con que contaba en el año 2009 Cádiz ha pasado a 114.244 en diciembre de 2021, según los últimos datos censales que obran en el INE. Sin embargo, recibe una participación en los impuestos del Estado similar la de una población con más de 200.000 habitantes, caso de la vecina Jerez, que pese a su especial singularidad territorial —con 7 ELA y 16 barriadas rurales en uno de los términos municipales más extensos de España— no goza de ese privilegio.
La capital gaditana necesita un revulsivo y recuperar censo, pero eso es bastante complicado dada la situación del mercado inmobiliario de alquiler y venta, con precios por las nubes, y la notoria falta de suelo para la promoción de viviendas en la ciudad.
El origen de este tratamiento especial por parte del Estado por las características tan especiales del municipio gaditano —que es casi una isla— está en un acuerdo que puso en marcha en 1998 el entonces vicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato, previa justificación en un exhaustivo informe de las causas que hacían inviable el funcionamiento diario del municipio.
El legado de Rato
Fue el 29 de mayo de 1998, tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobara un tratamiento especial para la ciudad de Cádiz, en reconocimiento a su ‘insularidad’, el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato y la entonces alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez.
Fueron 1.200 millones de pesetas para equilibrar los presupuestos de 1997 y 1998, lo que permitió a la regidora cumplir con una de las promesas del programa del PP con el que había concurrido a las últimas elecciones municipales.
"Es la palabra de un ministro y que además no es un compromiso para salir al paso, sino el reconocimiento del Ejecutivo de la necesidad de esas medidas para que Cádiz pueda sacar la cabeza, tirar para adelante en igualdad de condiciones que en otros municipios" manifestó entonces Martínez.
Si bien los cálculos son aproximados y nadie nunca, ni en el equipo de Martínez y menos aún José María González se ha detenido a hacer la suma: a una media de 20 millones de euros anuales de compensación el resultado es que Cádiz habría percibido para gastos corrientes en torno a los 480 millones de euros desde que Rato puso en marcha el tratamiento especial.
Esa aportación fue clave para la supervivencia económica del municipio especialmente entre los años 2008 y 2013, los más duros de la crisis según recuerdan miembros del equipo de Gobierno de entonces consultados por lavozdelsur.es. Pero está supeditada que no baje de la frontera de los 100.000 habitantes.
El descenso en la recaudación de los tributos estatales en aquella crisis provocó la reducción de su aportación a los municipios, lo que, en el caso del consistorio gaditano supuso en aquellos años quince millones de euros menos al año en la PIE.
"La colaboración que estamos manteniendo ambas administraciones es muy importante y, en cuanto al futuro, estoy seguro que estas relaciones tendrán continuidad, al menos mientras gobierne el Partido Popular", dijo Rato en 1998. Y así fue, tras Aznar, con Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez. El Estado no ha faltado a su compromiso.
Resulta curioso recuperar el diagnóstico que se elaboró en 1996 para conseguir el tratamiento especial por parte del Ministerio de Economía. La fotografía fija de Cádiz en aquel tiempo se parece sospechosamente a la que tiene ahora. En el documento recuperado por lavozdelsur.es se decía:
“En primer lugar, destaca la considerable diferencia de la ciudad de Cádiz con las poblaciones colindantes. Cádiz, con algo más de 40.000 personas ocupadas, tiene una cifra de pensionistas cercana a los 27 mil, es decir; más del 16% de la población es pensionista, si además tenemos en cuenta el nivel de paro que provoca que en muchos hogares sea este el único ingreso, no creemos descabellada nuestra estimación, sino más bien entendemos que puede pecar de exceso de prudencia (no hay que olvidar el elevado número de prejubilados, que siguen manteniendo con su pensión a su familia e hijos), afirmar que de los algo más de 145.000 habitantes que tiene la ciudad, estimamos que en una cifra que ronda los 40 mil viven gracias a las pensiones recibidas por ellos o algunos de su familiares.
Por si fuera poco, el progresivo envejecimiento de la población hará que año tras año, este colectivo vaya aumentando en la ciudad. Estos datos justifican y son la razón de ser del presente anexo, y hablan por sí solos, de la importancia que las pensiones tienen en la ciudad y los efectos inmediatos que sobre su población ejercen las políticas que se lleven a cabo en este campo.
Por lo que respecta a la Bahía, con la ligera excepción de Puerto Real, consecuencia de las numerosas prejubilaciones del sector naval, todas las poblaciones se mueven en una banda próxima al 11%, con la ventaja de poseer una población relativamente joven.
Por tanto, mientras la población activa se va desplazando hacia las poblaciones de la Bahía: Cádiz se va convirtiendo en una ciudad de pensionistas. Lo que unido al empleo en las administraciones y en lo que queda de las empresas públicas, la dependencia de la ciudad de los Presupuestos Generales del Estado es tal, que de ellos depende no sólo el futuro, sino el día de hoy de la mayoría de sus habitantes”.
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