El Servicio Andaluz de Salud podrá suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros con los que pueda poner fin a los procedimientos judiciales en curso con la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual S.A. Así lo ha autorizado el Consejo de Gobierno andaluz mediante la aprobación de un decreto que permitirá solventar esta deuda originada durante años de conciertos sanitarios suscritos por la Administración andaluza con dicha entidad
El Gobierno autonómico aprobó este decreto en su reunión semanal del pasado martes 29 de noviembre y tendrá que someterse a la consideración del Pleno del Parlamento el próximo 14 de diciembre, siguiendo lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
La mencionada normativa determina, según recoge el acuerdo, que la autorización del Consejo de Gobierno "ha de revestir la forma de decreto y requiere la autorización del Parlamento de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 21.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo".
También se recoge que "se requerirá autorización del Parlamento de Andalucía siempre que la cuantía litigiosa comprometida en el acuerdo transaccional sea superior a ocho millones de euros", algo que se cumple en el caso de la empresa Pascual y que "ha prestado asistencia sanitaria a los usuarios (...) a través de diferentes contratos de gestión de servicio público bajo la modalidad de concierto para la prestación de asistencia sanitaria, en los hospitales de su titularidad en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, suscritos en los años 2011 y 2017".
En este decreto señalan, además, la "imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios del SAS a la población del área de influencia al no disponer el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las infraestructuras suficientes o necesarias para tal fin".
Amplia litigiosidad entre las partes
La Junta indica que durante estos años "se ha generado una amplia litigiosidad entre ambas partes, como consecuencia, en primer lugar, de las resoluciones judiciales que anularon diversas prórrogas del contrato de 2011; en segundo lugar, por la facturación girada por la citada entidad mercantil al SAS por la asistencia sanitaria prestada tras la finalización de los conciertos suscritos entre el 31 de enero de 2014 y el 7 de junio de 2017; y, finalmente, por las diferencias mensuales que sostienen ambas partes por el volumen de los servicios prestados, tras la firma del concierto el 8 de junio de 2017".
Esto se ha traducido en la celebración de diferentes procedimientos judiciales repartidos en varios órganos jurisdiccionales de Andalucía, Ceuta y Melilla, alcanzando incluso al Tribunal Supremo. El monto de todos ellos asciende a un total de 242.194.541,55, de los cuales el SAS ya ha abonado 21.418.696,37 euros en concepto de ejecución de tres resoluciones judiciales.
El acuerdo alcanzado permitirá extinguir la deuda pendiente entre las partes a través de un acuerdo transaccional. El pago se realizará "en concepto de liquidación final" por los procesos judiciales que aún están pendientes y que equivale a "la mitad de las cantidades que a su criterio se le adeudaban" y podrá realizarse de una sola vez el 31 de diciembre de 2022 o en cinco partes, la primera antes del 31 de marzo de 2023 y las restantes antes de que finalicen 2023, 2024, 2025 y 2026.
Inseguridad "patente y manifiesta"
La Junta justifica esta decisión por "la inseguridad patente y manifiesta" en la relación jurídica entre el SAS y la empresa Pascual. Ante el temor de que puedan reabrirse más casos prefieren finalizar definitivamente los pleitos que siguen activos.
En relación con esto, desde el gobierno territorial recuerdan que "en esta relación controvertida, existen sentencias, que han adquirido ya firmeza, que reconocen a la entidad mercantil el derecho sobre las cantidades reclamadas en razón de enriquecimiento injusto de la Administración sanitaria y cuya ejecución puede solicitar la misma en cualquier momento de la Administración sanitaria o, incluso, lo pudieran de oficio instar los propios órganos jurisdiccionales sentenciadores".
Así pues, consideran "conveniente" alcanzar el mencionado acuerdo transaccional "en aras de evitar un mayor perjuicio para ambas partes a la vista del resultado incierto de los procedimientos judiciales en trámite, así como el perjuicio que ello pudiera irrogar al erario público, o el daño reputacional que pudieran sufrir".
Por último, con la intención de "velar por los intereses en litigio", el acuerdo contempla la constitución de una "comisión de seguimiento del cumplimiento" del caso compuesta por cuatro miembros, dos en representación del SAS y dos en la de la empresa Pascual.
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