Voces críticas se han elevado en los últimos meses respecto a la aplicación en Andalucía de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia (LORE), que entró en vigor en junio de 2021. Si el tiempo de espera que marca la ley es de 40 días para culminar el proceso, en Andalucía la media es de 83 días. Las asociaciones hablan de trabas burocráticas y obstáculos, y la objeción de conciencia de los facultativos tampoco facilita los procedimientos.
Según ha informado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en comparecencia este martes, durante el año 2023 un total de 56 personas solicitaron el acceso a la prestación de la eutanasia. De estas 56 solicitudes, 40 dieron lugar a la apertura de expediente. 24 de esas personas pudieron recibir la eutanasia. Por otro lado, 16 de esas solicitudes no llegaron a tramitarse por causas como el desistimiento de la voluntad, el fallecimiento prematuro de la persona solicitante, encontrarse en fase de estudio y tener informe desfavorable por parte del médico correspondiente. La Comisión de Garantía y Evaluación denegó la aplicación de la eutanasia en nueve de los casos.
La mayoría de las solicitudes, según ha aclarado el portavoz, se inician en el ámbito de la atención primaria.
De las 56 solicitudes, 23 fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, la que más solicitudes de acceso a la eutanasia registró, con la apertura del correspondiente expediente, fue la provincia de Málaga, con un total de trece. En la provincia de Cádiz, por su parte, se presentaron durante el año 2023 ocho solicitudes.
Por grupos de enfermedades, la causa mayoritaria para solicitar la aplicación de la eutanasia es un proceso neurodegenerativo, que en 2023 supuso un total de 19 expedientes, seguido de procesos pluripatológicos o crónicos completos y procesos oncológicos.
Preguntado por las dificultades con las que se encuentran las personas para acceder a la prestación, en gran medida debido a la objeción de conciencia, el portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que "la objeción de conciencia es una posibilidad que obedece a la ética y la moral de cada uno y ahí el Gobierno andaluz poco puede decir". No obstante, también ha resaltado que se trata de un derecho "legal y reconocido" y que desde la Junta intentan "garantizar el cumplimiento de esos derechos". "Le aseguro que este Gobierno está en ello", ha remarcado.
En ese sentido, el número de profesionales sanitarios que han decidido acogerse a la objeción de conciencia es de 1.341, desde noviembre de 2021 a diciembre de 2023.
En datos acumulados desde que comenzó a aplicarse la ley que regula la eutanasia en Andalucía, 137 personas han solicitado dicha prestación. Por tramos de edad, el grupo mayoritario es el comprendido entre los 70 y los 79 años de edad, con 28 solicitudes con expediente tramitadas. En este tiempo, solo se ha tramitado un expediente para una persona menor de 30 años, en 2022.
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