Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Sevilla han levantado esta semana la acampada que las ha tenido a las puertas del Ayuntamiento más de un mes. La razón: un compromiso municipal que pone los mimbres para que se cumplan sus reivindicaciones. El propio alcalde, José Luis Sanz, habló con ellas y las convenció de que levantaran la acampada. Pero es solo un primer paso.
El gobierno local, a través de la delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, dirigida por José Luis García, pondrá en marcha una mesa desde la que se generará diálogo con las empleadas del servicio. Hay dos niveles de demanda: que la empresa concesionaria cumpla con condiciones laborales, primero; pero sobre todo, la municipalización. Es decir, que las empleadas vuelvan a serlo del Ayuntamiento y no de una empresa privada. Algo que se ha producido en otros ayuntamientos andaluces en los últimos años, algo por lo que se trabaja en municipios como San Fernando.
Respecto a esas demandas urgentes, del día a día, el Ayuntamiento indica que "vamos a reforzar las supervisiones que ya se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Sevilla, con el único fin de que haya mayor fluidez, control y se cumplan los pliegos del servicio de ayuda a domicilio por parte de las empresas adjudicatarias", señalaba García.
A la vez, en una nota municipal indicaban que "el Ayuntamiento no puede resolver disconformidades de los trabajadores relacionadas con convenios colectivos, esto deben resolverlos las representaciones de los trabajadores con las empresas adjudicatarias". Pero que existe "un compromiso firme" con el colectivo de trabajadoras. Porque es "la primera vez que un alcalde junto al servicio técnico del área se reúne con este colectivo" .Y recordaba que en ocho años apenas se habían reunido dos veces desde el gobierno socialista con las adjudicatarias para prestar atención a las condiciones de prestación de servicios.
Asimismo, pensando en el largo plazo, el Ayuntamiento pondrá sobre la mesa los informes que posee para estudiar "con rigor" si la municipalización es viable o no. Informes que deben cuadrar y que pueden generar discrepancias, porque al final, un estudio de viabilidad supone prever las condiciones futuras de una realidad que siempre está abierta a cambios, y que requiere movilizar empleados municipales para la propia gestión. Es decir, que el Ayuntamiento deberá valorar si prefiere seguir realizando la encomienda a un tercero, una empresa privada, o 'recoger' en su plantilla a las trabajadoras.
No será fácil, pero Ana Richarte, secretaria de comunicación de CGT Andalucía de las empleadas del servicio a domicilio indica que están, por lo pronto, "contenas". "Con cautela", eso sí. En un primer momento querían el acuerdo por escrito. A falta de ello, aceptaron que el Ayuntamiento hiciera público su compromiso con ellas, y ahí se engloba la citada nota de prensa municipal, que ha servido como documento ante 'la fe pública', al menos políticamente, como si de un notario, que es la sociedad, se tratara.
"Ni dos horas tardaron en publicar la nota de prensa en los medios", señala Richarte, para que por fin desmontaran el campamento. En este mes ha habido momentos duros. Por ejemplo, cuando les retiraron una carpa en un día de lluvia, cuenta. Medidas de presión. "Ha sido duro, mental y físicamente. Conciliamos vida personal, laboral y sindical y una llegaba a casa trastornada. Muchas veces me despertaba y no sabía si me tocaba ir a trabajar o a acampar". Día y noche, rotando, han seguido presionando para que siguiera la llama de la lucha del colectivo.
"Ellos se comprometen a constituir esa mesa para estudiar la viabilidad de la municipalización con los datos que barajan. Nosotras hemos llevado más datos para comprobar que es viable. Tenemos por ejemplo el caso de Pamplona. Es una cuestión de voluntad política", insiste.
Por el momento, satisfacción, pero con fecha de caducidad. El contrato actual tras prórroga acabará en 2027, año electoral por coincidencia. Pero para que esa voluntad se haga palpable, avancen los estudios de municipalización y demás, han dado de margen hasta marzo de 2025 al Ayuntamiento para que haya avances. "Si hace falta, volveremos, pero con más experiencia y más organizadas", avisan. Un contrato que "nos dicen que no se puede romper", pero al menos, que estará en estudio.
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